Manifiesto 15 de abril de 2012
Cada vez está más claro. Cualquier esperanza de futuro depende estrictamente de lo que hagamos nosotros. Lo que ellos, todos los gobiernos – del signo que sean – están haciendo y pretenden hacer es evidente.
Con el pretexto de la crisis, el capital, sus instituciones – el FMI, el BCE y la UE – y los gobiernos a su servicio están perpetrando un atraco a mano armada contra los explotados (trabajadores, excluidos, parados, pensionistas…) y los pueblos.
La coartada de la crisis les está sirviendo para llevar a cabo una transferencia masiva de fondos públicos – de las trabajadoras y trabajadores – hacia los monopolios y la gran banca.
Es hora de que nos demos cuenta de que la gran destrucción de empresas, de puestos de trabajo y de servicios públicos, no es la consecuencia de la crisis, sino el objetivo de sus políticas. Su finalidad es la eliminación masiva de empresas no competitivas, de derechos laborales y sociales para proceder a una concentración de capital sin precedentes. El gigantesco ejército de reserva de trabajadores desesperados y sin organización será quien garantice el escenario necesario para SU recuperación: salarios de miseria, sin derechos laborales y sin servicios públicos que merezcan tal nombre.
Su fuerza es nuestra debilidad.
Para ello han contado con las grandes burocracias sindicales, debidamente sobornadas, que han aceptado la lógica de la competitividad, es decir, que ganen mucho para que nos caigan algunas migajas, como objetivo supremo del funcionamiento social. Han mantenido un silencio cómplice mientras se privatizaba todo lo público y han pactado una contrareforma tras otra con la justificación del mal menor.
Al mismo fin de desarmar la capacidad de respuesta popular y de amputar su independencia, han contribuido organizaciones sociales subvencionadas que ocultan la complicidad de la izquierda institucional en el desmantelamiento y privatización de los servicios públicos y enarbolan como solución una ilusoria vuelta al “estado del bienestar”, de la mano de la misma supuesta izquierda que ha desmantelado y privatizado lo público.
Los grandes medios de comunicación otorgan generosamente a esas organizaciones el papel de referente social de la contestación con el objetivo evidente de que todo permanezca bien atado.
Este escenario de control social del malestar y la indignación popular se está agotando. La última huelga general ha mostrado que pese al descrédito de las grandes centrales sindicales y a la enorme losa de la precariedad, cada vez más sectores del movimiento obrero real, parados, excluidos, etc. entienden que la lucha es el único camino coherente. El movimiento popular, el sindicalismo alternativo y nuevas redes sociales como la recién creada Red Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad muestran inequívocamente la necesidad de articular, organizar y potenciar la movilización social.
La progresiva degradación de la sanidad pública, junto a la entrada masiva del capital en la gestión privada de antiguos y nuevos hospitales, de la atención primaria y de la atención socio-sanitaria, arroja un saldo cotidiano de ínfima calidad en la atención sanitaria y de muertes perfectamente evitables, que son sistemáticamente ocultadas.
Los recortes en servicios y personal se traducen en una precariedad creciente de los servicios públicos que son a la vez el resultado y el complemento necesario de los miles de millones que van a parar a conciertos, servicios subcontratados y financiación pública de la gestión privada. La eliminación de los servicios preventivos, la mala calidad de la atención – entre la que destaca el deterioro creciente de los servicios de salud mental cuando la tasa de suicidio es ya la primera causa de muerte a determinadas edades – junto al paro masivo y la precariedad, constituyen causas directas de aumento de la enfermedad y la muerte.
Las recientes declaraciones del Ministro de Economía a un diario alemán indican que están dispuestos a atacar duramente la sanidad. Ha anunciado recortes drásticos de personal, mucho más de lo que ya están haciendo, la introducción del repago farmacéutico y disminución de las prestaciones básicas y comunes del Sistema Nacional de Salud. La justificación de que el repago farmacéutico sólo sería para las rentas más altas es inadmisible por dos razones:
Cualquier medida e aumentar el re-pago restringido sería la antesala para luego generalizarlo.
Lo que tienen que hacer las rentas más altas es pagar impuestos que realmente graven la riqueza y no amnistiar a los evasores.
Es mentira que la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos sean insostenibles.
Primero, porque la deuda de las CC.AA. es el resultado directo de la privatización que pretenden enjugar con más recortes y más privatizaciones y de una corrupción masiva, política y empresarial de la que sólo emerge la cima del iceberg.
Segundo, porque los cientos de miles de millones regalados a la banca privada y a los grandes monopolios, el descomunal fraude fiscal y la rebaja permanente de impuestos que desde hace décadas viene vaciando las arcas públicas, a lo que ahora se añade el escándalo de la amnistía fiscal, los criminales gastos militares o las transferencias de fondos públicos a la Iglesia y a la Casa Real, servirían para financiar varias veces servicios públicos de calidad.
Tercero, porque el gasto social público del Estado español se sitúa, desde los años 80, a la cola de la UE y es un 8% del PIB inferior a la media.
Frente a todo este expolio y este crimen cotidiano que miles de personas sufren en silencio, nosotros decimos que HAY ALTERNATIVA:
EN EDUCACIÓN:
Ante las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas exigimos:
Una educación 100% laica y gratuita.
El fin de los conciertos educativos y de la mercantilización de la educación.
El fin del trasvase de dinero público a intereses privados a través de Fundaciones como Empieza por educar, Plan REFUERZA, desvío de FP a entidades privadas. No a la inversión de dinero público ni cesiones, de gestión o de suelo, a empresas de educación privadas o concertadas; las administraciones públicas no deben incentivar con dinero de todos el negocio privado en sectores clave para la sociedad. No a la desgravación fiscal en los gastos de escolarización en la educación privada.
Apoyo de las Administraciones a la Educación Pública, desde la etapa de 0 a 6 hasta la universidad.
La creación de un no de plazas suficientes para que la educación pública pueda dar respuesta a las necesidades que, especialmente en educación de 0-6 años y en la FP, no son cubiertas.
Retirada inmediata de los recortes aprobados por las CCAA cuyas consecuencias son:
1. El despido de docentes.
2. La masificación en las aulas.
3. La desaparición de recursos de apoyo que atiendan las diversas necesidades educativas del alumnado: compensatoria, desdobles, aulas de enlace…
4. La imposición a los docentes para impartir materias de las que no son especialistas.
5. La imposibilidad de coordinación de los equipos educativos, de abrir bibliotecas, cubrir las guardias, de realizar actividades extraescolares…
6. La supresión de rutas escolares.
7. La obstaculización de la labor participativa de las asociaciones de padres y madres.
8. Falta de personal de administración y servicios.
9. Precariedad y recorte de derechos laborales entre los profesionales de la educación.
10. Voluntad de abandono y desprestigio de la Educación Pública, pese a su gran valor académico y social, así como el alto nivel de sus profesionales.
EN SANIDAD:
1º Derogar la ley 15/97 que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de la sanidad pública, votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC.
2º Devolver a manos públicas todo lo privatizado.
3º Aumentar el gasto sanitario público en proporción al PIB hasta la media de la UE.
4º Construir un sistema sanitario público:
Único -sin participación alguna de la empresa privada- universal y de calidad.
Gestionado democráticamente por la población y por lxs trabajadorxs de la sanidad.
Que priorice la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
Gratuito en el momento de uso.
Que incluya la salud laboral en la sanidad pública.
Que desarrolle una política del medicamento con los siguientes principios:
– Industria farmacéutica pública que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales.
– Eliminación del Registro de los fármacos inútiles, de calidad dudosa o injustificadamente caros.
– Dispensación de los medicamentos en los Centros de Salud en las cantidades requeridas por los tratamientos.
– Financiación exclusivamente pública de la investigación y de la formación de lxs sanitarixs.
¿Es esto posible? ¿Es una utopía irrealizable?
La respuesta no es técnica. Es una relación de poder la que hace que lo necesario, sea posible.
Ante la degradación progresiva de los servicios públicos, las privatizaciones crecientes y los brutales recortes que se anuncian, urge promover organizaciones unitarias que impulsen, potencien y coordinen la respuesta social.
Al movimiento popular, a las organizaciones sindicales, políticas y sociales, junto a todas las personas con conciencia de la barbarie que nos preparan, con voluntad de impedirlo y determinación de construir una sociedad en la que los seres humanos sean dueños de la riqueza, de la técnica y de los recursos naturales, nos toca organizar unitariamente el poder de la inmensa mayoría.
Defender paso a paso, lucha a lucha, los servicios públicos en cada barrio, en cada pueblo, y coordinarlas, ganar las conciencias de quienes aún no tienen información suficiente, de quienes en su aislamiento han aceptado la derrota y multiplicar la organización, independiente y autogestionada, es el único camino razonable.
raas15a 